El jueves 26 de junio, cinco activistas sociales de Tenerife fueron detenidos, en un operativo represivo que se prolongó durante toda la mañana. Las personas fueron detenidas en sus domicilios o en plena calle y trasladados a comisaría, sin informarles de los motivos de su detención. Fueron retenidos en dependencias policiales hasta bien entrada la tarde y se les acusa de amenazas, coacciones y alteración del orden, con motivo de la multitudinaria manifestación contra las prospecciones petrolíferas que se produjo en Canarias, en concreto en Tenerife, el pasado 7 de junio.
Estos activistas fueron detenidos por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, asimismo, procedieron a la identificación de las personas que se acercaron a Comisaría para interesarse por el estado de los detenidos. Estas detenciones son, en nuestra opinión, un ejemplo más de la terrible escalada represiva que está ejerciendo el Estado español contra los movimientos sociales que se oponen a las brutales políticas antisociales que se han puesto en marcha desde los diferentes gobiernos del Estado y, en este caso particular, de los que se oponen a la instalación de plataformas petrolíferas en nuestra tierra.
Unas detenciones que son totalmente injustificadas, arbitrarias y que tienen como único objetivo el criminalizar la protesta social y extender el miedo entre la población, pues basta con una notificación judicial a las personas denunciadas para iniciar el proceso judicial –de carácter menor- (como se hace habitualmente).
Desde IpO manifestamos nuestra solidaridad con las personas que fueron detenidas en el día de ayer, denunciamos la política represiva del Estado español y declaramos nuestra firme voluntad de resistir a los ataques de un poder acorralado por una creciente mayoría social que, cada vez con menos miedos, se manifiesta en contra de la imposición, de las políticas antisociales, del recorte de derechos fundamentales y del desprecio y la persecución sistemática a quienes nos oponemos al pensamiento único.