La Plataforma de afectados por las Antenas de Telefonía Móvil en Tenerife promueve acciones institucionales

Este jueves se celebró una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife en la que la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil (Planmocan) en Tenerife han explicado los riesgos que supone la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT), Ley 9/2014, promovida el gobierno Estatal. En la misma estuvieron presentes además los concejales de Sí se puede en Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila, en Candelaria, Mayca Coello, en Tegueste, Manuel Martín, y el edil de Iniciativa por La Orotava, José Manuel Hernández.

Arcila explicó que desde la Plataforma de afectados por las Antenas de telefonía Móvil (Planmocan), Iniciativa por La Orotava (IpO) y Sí se puede han decidido apoyar activamente la campaña de la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) denunciando el enorme impacto de esta Ley, aprobada tras el impulso del departamento del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria y con los votos a favor de PP, PSOE, CiU.

El portavoz de Sí se puede indica que en todo el Estado español se ha iniciado una gran campaña de rechazo a esta nueva norma, presentándose iniciativas en 33 ayuntamientos de 14 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana), una diputación provincial (Valladolid) e igualmente fue retomada por un parlamento autonómico (Galicia).

El concejal de Sí se puede recordó también que existe una petición en Change.org: “Retiren la ley de telecomunicaciones que permitirá a las compañías telefónicas expropiar azoteas para instalar antenas”, que en menos de una semana ha alcanzado más de 90.000 firmas y que se cuenta con el apoyo del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que han publicado un comunicado mostrando su rechazo a la LGT ya que permite la expropiación de terrazas en edificios.

IpO y Sí se puede mostraron su voluntad de trasladar a los municipios en los que tienen presencia esta petición de Planmocan, a este respecto explican que ya han presentado la moción en rechazo a la actual LGT en los ayuntamientos de La Orotava, Santa Cruz y Tegueste, donde se denuncia que esta Ley somete directamente el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva del Estado, usurpando la competencia municipal para otorgar licencias (perdiéndose el ahora preceptivo estudio de la evaluación ambiental) y las competencias municipales y autonómicas en el campo de las telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación urbana y territorial y salud pública). Con respecto a este problema han colaborado con las plataformas vecinales existentes para la elaboración de tres ordenanzas reguladoras de las antenas de telefonía móvil, que se han aprobación los Ayuntamiento de Granadilla y Santa Cruz, siendo rechazada por el PSOE en el Ayuntamiento de Candelaria.

La portavoz de Planmocan, Holanda Díaz, manifestó la voluntad de su organización de seguir trabajando por medidas que permitan un mayor control de las antenas de telefonía, participando conjuntamente con otras plataformas y asociaciones como Candelaria Contra Las Antenas, la Asociación La Perdoma-La Orotava en Defensa de La Salud, La Plataforma de Afectados por las Antenas de La Laguna y vecinos afectados en más de 15 municipios para presionar a los ayuntamientos para que regulen la colocación de antenas respetando el principio de precaución y las normas urbanísticas.

Díaz hizo puso como ejemplo las acciones realizadas en el municipio de Santa Cruz, que en su opinión evidencian una clara preocupación social que debe ser atendida por los responsables municipales. En la capital Planmocan logró desde 2011 poner en marcha el borrador de la ordenanza municipal para la regularización de la ubicación de las antenas de telefonía móvil, borrador que contó con el apoyo unánime de todos los partidos, lo que, “lamentablemente, no se ha traducido en su puesta en marcha”, así como un convenio de colaboración para elaborar un censo de antenas y medir sus emisiones, “propuestas que quedarían en papel mojado con la nueva Ley”.

José Manuel Hernández, concejal de IpO, comentó que el pasado 27 de mayo se aprobó una moción en el pleno norteño contra esta Ley, moción que contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PP. En La Orotava existe una Ordenanza Reguladora de las Antenas de Telefonía Móvil, que contó, en su proceso de aprobación, con participación pública, en la que IpO participó activamente y “en cuya aprobación nos abstuvimos, porque no se incorporaron cuestiones tan relevantes como que las instalaciones de antenas no se permitieran en las zonas sensibles (colegios, centros salud, espacios públicos de concurrencia…), estableciendo un campo de seguridad amplio y tampoco se recogió la constitución de un órgano de seguimiento a las instalaciones de antenas en el municipio y en el que estuviesen representados los colectivos vecinales que están luchando en este asunto, así como las asociaciones de vecinos, grupos políticos”. Hernández apostilló asegurando que con la aprobación de esta Ley, “esta Ordenanza de La Orotava, que nos permitía establecer algún tipo de control en la instalación de estas antenas, ha quedado completamente anulada y superada por una Ley estatal, que atenta directamente contra la autonomía municipal y que se arrodilla ante los intereses de las empresas de telecomunicaciones”.