Desde hace algún
tiempo se han estado colocando carteles en la Autopista, a su paso por el municipio. Esta situación se ha denunciado por parte de IpO, porque la legislación aplicable es clarísima al respecto: estas vallas publicitarias no se pueden instalar en esta zona, de ninguna manera. En ese caso están, ahora mismo, la enorme valla del Loro Parque y otra de una empresa de electrónica e informática instalada en el Centro Comercial El Trompo. Existía otra de renovación de carnets de conducir que se ha retirado.
La historia de este asunto es como sigue. Las vallas se colocan sin ningún tipo de licencia ni de trámite ante ninguna administración pública y, mucho menos, ante el Ayuntamiento. Una vez colocadas se denuncia su instalación, bien por la Policía Municipal o por técnicos municipales y, siempre, por nuestro grupo. Empieza a tramitarse la denuncia: se notifica, se hacen informes téc
nicos y se hacen decretos en los que se insta a la legalización y, en caso de no ser legalizable, a su desmantelamiento. En estos trámites ya han pasado muchos meses. Después de la notificación del decreto, empiezan los recursos, por parte de los infractores, con los argumentos que sean (que si no se ha notificado correctamente, que si quien se publicita no es el dueño de la valla, que si el dueño de la valla tiene permiso de los propietarios de los terrenos…). El Ayuntamiento tie
ne que contestar recursos, volver a notificar, esperar a nuevos recursos derivados de las nuevas notificaciones…En
esto ya pasan muchos meses más o años. Cuando se logra centrar el asunto, se vuelve a notificar decretos instando a la legalización y se amenaza con la imposición de multas.
Entonces, los propietarios o empresas que se publicitan en las vallas, empiezan un nuevo camino burocrático-administrativo que les lleva a los tribunales de justicia, presentando recursos contencioso administrativo contra los decretos que emite el Ayuntamiento. El proceso legal se puede alargar durante años, pues los abogados de las empresas (por lo general, bastante poderosas, económicamente), empiezan a poner todos los escritos y obstáculos necesarios para que el proceso se alargue sine die.
Para el momento en que la justicia se pronuncie, ya habrán pasado muchos años, en los que la valla publicitaria ha seguido en su mismo lugar y se habrá rentabilizado, con creces, el objetivo propagandístico de la citada valla. O sea: coloco una valla ilegal, intento enmarañar al máximo el proceso administrativo sancionador, recurro a la justicia y también enmaraño el proceso judicial y, al final, como mucho, me harán quitar la valla que, después de tantos años, ha sido más que rentabilizado su efecto.
Eso es lo que está pasando, entre otras cosas, porque el Ayuntamiento o el Cabildo no son expeditivos desde el primer momento y al constatar que es ilegal proceden, de oficio, a su desmantelamiento y pasan los costes a las empresas responsables, al margen de las multas correspondientes por infracciones urbanísticas. Pero ya se sabe a qué intereses responden los políticos que nos gobiernan.